Regulaciones de Internet en Venezuela

Con el objeto de promover el conocimiento de los aspectos legales de Internet, se presenta un resumen de las principales regulaciones existentes en Venezuela, como parte de nuestra misión de promover el desarrollo abierto, la evolución y el uso de Internet para el beneficio de todos los habitantes del mundo.

Aunque la totalidad de la legislación nacional resulta aplicable al uso de Internet según los principios de jurisdicción, hemos recogido las regulaciones que de manera específica tienen un impacto especial sobre el uso de Internet en Venezuela.

Ley sobre Mensajes de datos y Firma electronica


 

Tiene como objetivo otorgar y reconocer eficacia y valor jurídico y probatorio a la Firma Electrónica, a los Mensajes de Datos y a toda información inteligible en formato electrónico, así como regular lo relativo a los Proveedores de Servicios de Certificación y los Certificados Electrónicos. La Ley establece las regulaciones de integridad, conservación, seguridad, autoría, oportunidad y lugar de la emisión y la recepción, aplicables a los mensajes de datos, y las condiciones y requisitos para autenticación y certificación de la firma electrónica. Igualmente, dispone la potestad del Estado para otorgar autorizaciones a los Proveedores de Servicios de Certificación que podrán emitir Certificados Electrónicos que proporcionen la autoría de la Firma Electrónica y la integridad del Mensaje de Datos.

Régimen de Control de Cambio y Ley de Ilícitos Cambiarios


 

Las dificultades para la adquisición de divisas destinadas a la importación y las grandes deudas y retrasos del régimen de administración de divisas han ralentizado los procesos de penetración y expansión de redes de telecomunicaciones en el país y han desmejorado la calidad de los servicios prestados.

La industria y los ciudadanos se han visto limitados en el disfrute del comercio electrónico por la limitación impuesta por el régimen de administración de divisas de utilización de un máximo de 300 dólares anuales para realizar compras por Internet, luego de tramitado un engorroso procedimiento que desincentiva el comercio electrónico. Las dificultades de acceso al comercio electrónico y a las divisas han implicado una exclusión de Venezuela de las ofertas tecnológicas y comerciales de muchos proveedores de bienes y servicios electrónicos del mundo.

Igualmente, los productores nacionales de servicios de valor agregado ven restringidos sus derechos de exportar a través de Internet, debido a la obligación de vender las divisas obtenidas al Gobierno Nacional a una tasa subsidiada. Dicha obligación fue eliminada en la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos de 2014.

Comercio electrónico


 

En Venezuela existió hasta enero de 2014 una tímida regulación del comercio electrónico contenida en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. Sin embargo, la misma fue derogada por la Ley Orgánica de Precios Justos. En la actualidad, por consiguiente, no existe regulación especial en materia de comercio electrónico.

La dificultad probatoria de las actuaciones electrónicas ha impedido el avance del comercio electrónico. Aunque la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas regula la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos, los tribunales han sido reacios a aceptarla la prueba judicial. La Ley otorga “la misma eficacia probatoria que (…) los documentos escritos (…), y ordena su promoción conforme a las pruebas libres, que deben promoverse de forma analógica a las pruebas legales. De tal forma, comúnmente se han promovido por analogía la prueba de experticia y la prueba de inspección ocular o judicial, sobre los servidores que contengan las trazas del mensaje de datos. Sin embargo, la aplicación analógica de tales pruebas se hace difícil para los litigantes y en su adaptación los jueces han encontrado comúnmente formalidades para desecharlas.

Adicionalmente, los comerciantes electrónicos no pueden aprovechar el potencial de las transacciones electrónicas debido a que la legislación únicamente reconoce la factura electrónica previa autorización de la autoridad tributaria (únicamente para empresas con más de 5.000 documentos mensuales). Además, las Cámaras de empresarios del sector han manifestado que los bancos han utilizado las normas sobre legitimación de capitales como excusa para denegar la instalación de botones de pago online.

Privacidad


 

El artículo 60 de la Constitución consagra el derecho a la protección de la vida privada y a la intimidad y faculta a la Ley para regular lo relativo al uso de la informática para la diseminación de la información. No existe regulación general en este sentido.

Igualmente garantiza el secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones, para lo cual dictamina que éstas “no podrán ser interferidas sino por orden de un tribunal competente, con el cumplimiento de las disposiciones legales y preservándose el secreto de lo privado que no guarde relación con el correspondiente proceso” (a. 48).

La Ley sobre Protección a la Privacidad de las Comunicaciones criminaliza a quien grabe o se imponga de una comunicación entre otras personas, la interrumpa o impida, y a quien la revele mediante cualquier medio de información.

Igualmente, la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos  establece los delitos de Interferencia Informática; Espionaje Informático;  Violación de la Privacidad de la Data o Información de Carácter Personal; Violación de la Privacidad de las Comunicaciones; Revelación Indebida de Data o Información de Carácter Personal.

En Venezuela no existe regulación de carácter general relativa a permisos de uso de la información suministrada por usuarios de Internet. Sin embargo, de aplicación únicamente para el ámbito gubernamental, la Providencia Administrativa 009-10 del 22 de octubre de 2010 estableció la Normativa de Clasificación y Tratamiento de la Información en la Administración Pública Nacional. La normativa no ha sido de aplicación generalizada.

La Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes confiere a los menores de edad los derechos al honor, reputación, propia imagen, vida privada e intimidad de la vida familiar y se dispone expresamente una prohibición de divulgar la imagen de menores de edad contra su voluntad o la de su padre, madre, representantes o responsables y en ningún caso cuando la divulgación pudiera ser lesiva o dañosa.

Ley de Responsabilidad Social en  Radio, Televisión y Medios Electrónicos


 

Esta Ley surge como una reforma a  la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión, incluyendo en el 2011 a los medios electrónicos como sujetos de la regulación general establecida para los prestadores de servicios de Radio, Televisión y Televisión por Suscripción. No se excluyeron a los medios electrónicos de las regulaciones relativas a la clasificación de los contenidos y los horarios permitidos para su difusión. Sin embargo, la interpretación tácita de la práctica administrativa ha sido la no aplicación de dichas normas a los medios electrónicos.

La Ley introduce una serie de categoría de mensajes prohibidos de difusión por medios electrónicos, que en su mayor parte son indeterminados y de interpretación discrecional. Se establecen sanciones pecuniarias en cabeza de los Proveedores de Servicios de Internet  y/o revocatoria de las licencias de operación. La fiscalización del cumplimiento con la Ley y la tramitación delos procedimientos sancionatorios es realizada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

Se establece la obligatoriedad de los proveedores de medios electrónicos (ISP) de establecer mecanismos que permitan “restringir, sin dilaciones, la difusión de mensajes divulgados que se subsuman en las prohibiciones […], cuando ello sea solicitado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en ejercicio de sus competencias”, y solo se hace responsables a los ISP por la información y contenidos prohibidos, en los casos en que hayan “originado la transmisión, modificado los datos, seleccionado a los destinatarios o no hayan limitado el acceso a los mismos, en atención al requerimiento efectuado por los órganos con competencia en la materia”.

Ley Especial contra delitos informáticos


 

Adicionalmente a las normas sobre la protección de la privacidad esta norma también está dirigida a la protección de los sistemas en contra de ataques informáticos. La Ley prohíbe destruir, dañar o modificar el funcionamiento de un sistema de tecnologías de información; importar, fabricar, distribuir, vender o utilizar equipos, dispositivos o programas para vulnerar la seguridad de sistemas de tecnologías de información. Asimismo, prohíbe la reproducción, distribución o divulgación de software u otra obra del intelecto obtenida mediante el acceso a tecnologías de información, sin contar con las licencias correspondientes y comercializar mediante el uso de tecnologías de información, haciendo alegaciones falsas en perjuicio de los consumidores.

Pornografía y pornografía infantil en Internet


 

La Ley Especial contra Delitos Informáticos establece la obligación de realizar advertencias para que el usuario restrinja el acceso a menores de edad, en caso exhibición de material pornográfico o reservado a personas adultas por medios de tecnologías de información. Igualmente establece penas restrictivas de la libertad a quienes por medios que involucren el uso de tecnologías de información, utilicen a la persona o imagen de un niño, niña o adolescente con fines exhibicionistas o pornográficos.

Publicidad


 

Existe una gran variedad de regulaciones específicas sobre la publicidad realizada en el país en materias de medicamentos, productos del tabaco, bebidas alcohólicas, juguetes bélicos, sustancias psicotrópicas, alimentos, servicios médicos, servicios profesionales, procesos electorales, etc.

Aunque las regulaciones de publicidad resultarían aplicables al caso de la publicidad realizada en Internet, no existe normativa que regule específicamente el medio de Internet, las responsabilidades y las obligaciones de hacer o no hacer de las personas involucradas en su difusión, incluyendo los ISP, o sobre la territorialidad de la aplicación de dicha normativa en los casos de la difusión por Internet.

Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente


 

El artículo 79 de esta Ley prohíbe vender o facilitar a menores de edad o exhibir públicamente, por cualquiera de los multimedia existentes o por crearse, libros, revistas, programas y mensajes audiovisuales, información y datos en redes que sean pornográficos, presenten apología a la violencia o al delito, promuevan o inciten al uso de tabaco, sustancias alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicas o que atenten contra la integridad personal o salud mental o moral de los menores de edad. Su artículo 78 obliga a los dueños de empresas que comercialicen videos, juegos computarizados, electrónicos o cualesquiera multimedia, a cumplir con las regulaciones referidas a la edad requerida para el uso de estos bienes.

Gobierno Electrónico


 

La Ley de Infogobierno regula la adquisición de software por parte de los órganos del Estado. Los principales elementos de la Ley están dirigidos a:

i) crear una burocracia centralizada reguladora de las características del software de los organismos del Estado.

ii) establecer una obligación de adquisición, uso o desarrollo de software libre por los organismos públicos.

Aunque aún no han sido creadas las estructuras burocráticas de administración de la Ley, su texto regula directamente las adquisiciones y uso de software público, el software añadido a hardware, y el cloud computing o software como servicio. En tal sentido, se prevé una afectación directa a los prestadores de servicios de software por Internet, afectación que posiblemente será regulada en la reglamentación que se realice de la Ley.

Sector Bancario


 

Según la Ley de Instituciones del Sector Bancario las instituciones bancarias deben presentar al ente regulador su plan de prestación de servicios de “banca virtual, banca a distancia, cajeros electrónicos, banca por internet (…)”. El ente regulador tiene facultades de inspección, vigilancia, supervisión y control, sobre “los sistemas informáticos, documentos, bases de datos, dispositivos de acceso o almacenamiento magnéticos o electrónicos de datos, correspondencia electrónica” (a. 177)

La Ley prescribe sanciones penales en caso de delitos informáticos en materia bancaria, e introdujo una prohibición general de traslado de bases de datos a territorios extranjeros. Sin embargo, SUDEBAN ha aplicado desde 2005 otras regulaciones contenidas en una circular emitida de manera sublegal y en la Normativa de Tecnología de la Información, Servicios Financieros Desmaterializados, Banca Electrónica, Virtual y en Línea para los Entes Sometidos al Control, Regulación y Supervisión de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras de marzo de 2007, todos con contenidos disimiles.

Las anteriores regulaciones han tenido un impacto negativo en la comercialización de servicios Cloud Computing basados en el paradigma SaaS, debido a la incertidumbre que ha creado en las instituciones financieras que no han sido aseguradas de la inaplicabilidad de la Circular de 2005, en vista de las regulaciones contenidas en la Normativa de 2007 y la Ley de 2011.

NOTA:
Este texto “Regulaciones de Internet en Venezuela” es un resumen del trabajo completo “Libro Blanco sobre Libertad en Internet – Caso Venezuela”, que puede ser obtenido documento.

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